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La corrupción no se puede combatir si se encubre

En el año del COVID-19 el tema de la corrupción ha aflorado significativamente con el manejo de los fondos públicos en la pandemia. Varios funcionarios de la gestión de Bukele se han visto involucrados en irregularidades y prácticas poco éticas, algunas de ellas constitutivas de delitos.

No es la primera vez que un gobierno se aprovecha de una emergencia para defraudar los fondos públicos, pero es preocupante que el uso de poderes de emergencia para flexibilizar los controles en el uso de fondos parece haberse instalado a partir del COVID-19. Primero, a través de los decretos de estados de emergencia que suspendían la aplicación de las normas sobre compras (LACAP) y concedían discrecionalidad en los gastos al Ejecutivo; y luego la aprobación de una cantidad millonaria de préstamos con poca claridad de su uso justificados en la emergencia.

Como consecuencia de todo esto, hay más de mil millones de dólares aprobados para préstamos en atender la emergencia que conllevarán una gran carga tributaria a varias generaciones, y sobre los cuales ha habido reticencia para rendir cuentas. Los casos conocidos hasta ahora dan cuenta de prácticas como contratación de proveedores que son familiares o socios de los funcionarios, sobreprecios en los productos, compra de insumos médicos de mala calidad, distribución de la ayuda con fines electorales e indicios de defraudación al usar los fondos para destinos diferentes.

En el análisis es importante resaltar estos tres puntos: 1) Como ha sucedido con anteriores gobiernos, la gestión Bukele ha optado por no reconocer las irregularidades y encubrir a los funcionarios involucrados; 2) Como también ya ha sucedido, los casos de corrupción han sido públicos por la labor investigativa de medios de comunicación; y 3) Como rara vez sucede, un fiscal general se atreve a indagar e iniciar investigaciones contra funcionarios de turno, y reconoce que lo ha hecho con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

La corrupción, como el COVID-19, no discrimina. En ese sentido, no sólo es responsable quien la comete, sino también quien la encubre, especialmente cuando se trata de funcionarios con obligaciones para denunciar, investigar y juzgar a los responsables.

Es alentador que el Fiscal General de la República haya impulsado una investigación sobre corrupción con la colaboración de la CICIES, de la cual no se esperaba mucho por sus limitaciones de mandato. El hecho de que la CICIES decidiera presentar un aviso a partir de sus hallazgos en la auditoría de los fondos de emergencia que le encomendó el presidente, hace suponer su decisión de no encubrir la corrupción.

Preocupan, sí, los ataques y obstaculización a la Fiscalía General por atreverse a allanar oficinas públicas, los ataques contra la prensa por sus investigaciones y contra organizaciones y ciudadanos que denuncian. Por tanto, las promesas de no tolerar la corrupción por parte del presidente se quedaron solo en palabras y parece que no será tolerante con quienes denuncian.

En el marco del Día Internacional contra la corrupción es importante reiterar que en El Salvador el camino por la lucha contra la corrupción pasa por fortalecer las instituciones de control y la denuncia ciudadana, pero es necesaria e indispensable la ayuda internacional. En ese sentido, una CICIES independiente y con expertos internacionales es fundamental.

Abogado y Director de Litigio Estratégico de Cristosal.